La sentencia contra el opositor Leopoldo López une en el mensaje a la mayoría de los europarlamentarios

Venezuela es el país que ensombrece las relaciones de la Unión Europea con América Latina. Divide a los parlamentarios europeos de los latinoamericanos y su mención deja un sabor amargo cuando se pronuncia en Bruselas. La situación de los presos políticos en el país que preside Nicolás Maduro hace saltar más de una alarma en el corazón de Europa. La Comisión y la mayoría de grupos en el Parlamento han levantado la voz ante el último golpe encima de la mesa del Ejecutivo venezolano: la condena a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión contra el opositor Leopoldo López.

La condena no podía ser mayor. Es la máxima a la que se enfrentaba por los delitos de los que se le acusa: asociación para delinquir, instigación pública, daños a la propiedad e incendio, siempre en relación con los acontecimientos violentos que tuvieron lugar en una manifestación contra el Gobierno que él mismo junto a otros convocó un 12 de febrero de 2014, y donde se registraron tres muertos. Junto a López, cuatro estudiantes también fueron detenidos.

La sentencia fue tachada de injusta en Europa y Estados Unidos. Desde Bruselas, la propia Comisión, a través de su servicio de Acción Exterior de la UE, reaccionó de forma casi inmediata. Pidió la revisión de la sentencia, que consideró “severa” siguiendo un proceso “justo y transparente”. “Los juicios contra el señor Leopoldo López, coordinador nacional del partido Voluntad Popular, y los cuatro estudiantes Christian Holdack, Marcos Coello, Demian Martín y Ángel González no han proporcionado a los acusados las garantías adecuadas de transparencia y debido proceso legal”, indicaban los portavoces.

Lamentaban además que los observadores independientes no pudieran asistir a la fase final del juicio, “obstaculizados por las fuerzas de seguridad locales”, a pesar de contar con una autorización concedida por el juez. La noticia causaba también conmoción en la mayoría de los grupos parlamentarios europeos.

Coincidía además el día en el que el PPE, junto con los eurodiputados Fernando Maura y Dita Charanzová (ALDE), proponía a la oposición venezolana para Premio Sajarov Libertad de Conciencia, representada por la Mesa de la Unidad Democrática (una coalición electoral formada en 2008 para unificar la oposición al partido político del presidente Hugo Chávez), y prisioneros políticos. El Parlamento Europeo concede cada año el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia. Creado en 1988, recompensa a las personalidades o colectivos que se esfuerzan por defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. El año pasado, el galardón fue a parar a manos de Denis Mukwege, por su lucha y protección de las mujeres desde el Hospital Panzi en la República Democrática del Congo.

La presencia de Venezuela en Europa

Este año Venezuela ha estado muy presente en la política europea. Todo comenzó con un debate en la Eurocámara en marzo, a petición del Partido Popular Europeo, como reacción al fallecimiento de un joven estudiante de 14 años de un disparo en la cabeza, en una manifestación que participaba en protestas contra el Gobierno y al encarcelamiento del alcalde mayor de Caracas, el opositor Antonio Ledezma.

Después del debate sobre la situación que atraviesa el país se producía la visita de dos días de una de las hijas de Ledezma a Bruselas, precisamente buscando respaldo político en Europa ante el arresto de su padre. “Vengo para denunciar la violación de los Derechos Humanos en Venezuela, para informar, testimoniar lo que está sucediendo allá. No solamente la detención de mi padre sino la violación de los Derechos Humanos, la inseguridad… no se respetan derechos que en un país democrático deberían respetarse”, denunciaba entonces Vanessa Ledezma.

“Una democracia no es sólo hacer elecciones. Las leyes se tienen que respetar. Porque haya elecciones no se puede decir que haya democracia plena… En Venezuela hay una dictadura. Se evidencia con la detención de mi padre y la de los otros presos políticos, esta autorización de las armas de fuego en las manifestaciones públicas, bueno recientemente mataron a un niño de 14 años, cosas que en un país no tienen ni deben suceder. ¿Hasta cuando los venezolanos van a vivir una situación así?”, se preguntaba.

En este contexto, el Parlamento Europeo aprobó en marzo por una holgada mayoría una resolución sobre Venezuela con la que pedía al Gobierno de Nicolás Maduro la puesta en libertad inmediata de los presos políticos en el país. Un mensaje desde los grupos parlamentarios europeos para el Gobierno venezolano que no fue acompañado de una declaración similar por parte de la Comisión Europea.

La Comisión rechazó interponer sanciones a Venezuela, a pesar del paso hacia adelante dado en este sentido por el Gobierno de Estados Unidos. La contundencia mostrada por el presidente Barack Obama, tras anunciar sanciones contra altos funcionarios del país, fue considerado en Bruselas como una cuestión “bilateral”.

“Las autoridades venezolanas deben liberar de inmediato a todos los manifestantes pacíficos, estudiantes y líderes opositores que fueron detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y los derechos fundamentales”, recoge la resolución aprobada. Además pedía concretamente la liberación de los opositores Antonio Ledezma, Leopoldo López y Daniel Ceballos, así como su derecho a “recibir atención médica y tener acceso inmediato, privado y regular a sus familiares y a sus abogados”.

Votaron a favor los populares, socialistas y liberales en bloque. Y entre los conservadores votaron todos salvo un eurodiputado, que se abstuvo. Se sumaron al sí tres eurodiputados independientes, dos europarlamentarios de la izquierda GUE/NGL y seis que forman parte del grupo No Inscritos. Entre los Verdes, 15 europarlamentarios también votaron a favor de la misma. En contra, además del grupo casi en su totalidad de la izquierda europea GUE/NGL, se registró el voto de 17 eurodiputados dentro del grupo de independientes, diez dentro del grupo de los No Inscritos y 19 europarlamentarios pertenecientes a los Verdes.

La votación de esta resolución fue considerada por el embajador de Venezuela ante la Unión Europea, Antonio García, como una resolución promovida por “motivaciones políticas”. “Consideramos que representa una injerencia en los asuntos internos de Venezuela y evidencia que son la derecha y la extrema derecha en la Eurocámara los patrocinadores de ésta y otras resoluciones anteriores contra nuestro país, con claras intenciones políticas en un año electoral en Venezuela y en España”, explicaba el embajador.

La misma percepción tuvieron los parlamentarios latinoamericanos. Durante la celebración de la cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) el pasado mes de junio, de forma unánime exigieron la no injerencia de Europa en los asuntos internos de Venezuela. “Desde el lado latinoamericano hemos manifestado que en Venezuela se respete la autodeterminación y que no hay ninguna cabida a la injerencia. Se está diagnosticando que no hay elecciones libres y no ha habido ningún indicio de fraude… No vamos a aceptar lo que no ha sucedido. Esa es una de las partes en las que no se coincide, y la otra, que los problemas internos se resuelvan internamente”, señaló José Leonel Vásquez Búcaro, copresidente de EuroLat (Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana).

La situación de los presos políticos en el país quedó fuera de un texto de conclusiones que los europarlamentarios de ambos lados del charco pretendían cerrar para la cumbre. La mayoría de los grupos parlamentarios europeos, donde sólo se excluyen los grupos de izquierda GUE y Los Verdes, consideraban que existían “derivas muy peligrosas en el sistema democrático venezolano”, reclamando el fin de los presos políticos y la celebración de elecciones “en libertad de todos y en igualdad de condiciones”. La pretensión de muchos eurodiputados europeos es que sólo una mejora de la democracia puede resolver los problemas de conflicto interno.//