Después de un proceso lleno de irregularidades (el rechazo a que la defensa pudiera presentar pruebas y testigos, la negativa a cumplir con un juicio público impidiendo el acceso de periodistas, ciudadanos u observadores internacionales, o las continuas intromisiones por parte del propio presidente y otros dirigentes del chavismo como Diosdado Cabello), Leopoldo López ha sido condenado en un juicio-farsa a casi 14 años de prisión.
Para el trasunto de justicia que opera ahora mismo en Venezuela, sin atisbo de independencia, entregada y servil desde hace años al poder ejecutivo, el líder opositor venezolano es “culpable de incendio, daños, asociación para delinquir e instigación pública”. Pero a nadie se le oculta que su único delito es ser el líder de un partido político, Voluntad Popular, y gozar de un apoyo creciente entre la sociedad.
La persecución a Leopoldo no es nueva. Ya en 2008, en una operación orquestada por Chávez para sacarle del tablero electoral, fue inhabilitado por un supuesto caso de corrupción. En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró nula dicha inhabilitación al considerarla una decisión arbitraria con fines políticos.
Pero ahora, en 2015, no es despejar el camino de opositores el motivo por el que le persiguen. La popularidad de Maduro se encuentra en mínimos históricos y la proximidad de las legislativas de diciembre le aterra. Los ciudadanos responsabilizan a su Gobierno de la insostenible situación a la que ha llevado a Venezuela: hundimiento económico sin precedentes, censura, restricción extrema de derechos fundamentales, inseguridad, inflación y un gravísimo desabastecimiento que ha puesto al país al borde de la bancarrota y de una verdadera crisis humanitaria. A las desmesuradas respuestas armadas a manifestaciones pacíficas, el encarcelamiento de opositores (cargos públicos incluidos como los alcaldes Ceballos y Lezama, e infinidad de estudiantes), y las innumerables denuncias de magnicidio y otras conspiraciones, se suma ahora el conflicto fronterizo con Colombia.
La apuesta de Maduro por el matonismo autoritario y la hostilidad llevada a la caricatura de la “guerra económica” le ha llevado a gobernar contra su pueblo. A más descontento y protesta, más represión. Una dinámica que el año pasado costó la vida de 43 ciudadanos inocentes tras las protestas estudiantiles iniciadas en febrero. Pero ni esa masacre, ni la imagen de Kluivert Roa, un niño de 14 años asesinado por un miembro de la Policía Nacional Bolivariana en una protesta pacífica, sirvió para movilizar con determinación a la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
Este intolerable silencio también se produce ahora tras la condena a Leopoldo. Una inacción que es especialmente sangrante en muchos países latinoamericanos, clave para que el régimen de Maduro persista en su ficción de impunidad.
La Unión Europea no puede sumarse a esta tibieza frente a la sentencia de Leopoldo. La Alta Representante Mogherini debe liderar a nivel internacional la exigencia al Gobierno venezolano de que libere a Leopoldo López y al resto de presos políticos. El caso de Leopoldo López es una nueva prueba para que la UE demuestre que sigue siendo un referente de valores democráticos en el mundo. La candidatura de la Mesa de Unidad Democrática al Premio Sakharov 2015 del Parlamento Europeo contribuirá sin duda a la efectividad de una acción diplomática y política coordinada.
El compromiso de UPyD con los derechos humanos es inequívoco y universal. Por eso no hacemos distingos a la hora de denunciar violaciones de derechos humanos dependiendo de dónde ocurran. Por eso siempre hemos condenado y condenaremos cada atropello del Gobierno venezolano. El mismo día que se conoció la sentencia de Leopoldo López intentamos entregar en mano una carta de repulsa al embajador venezolano en Madrid, pero no nos quiso atender. Ni siquiera se nos permitió acceder a la Embajada. Lo mismo nos ha ocurrido en la sede de la Embajada ante la UE en Bruselas. Pero puedo asegurar que seguiremos desarrollando todas las acciones, utilizando todos los instrumentos disponibles, destinados a exigir la restauración de la democracia y la libertad en Venezuela. Y no cejaremos en el empeño de implicar y comprometer a las instituciones españolas y europeas en esta causa justa.
Porque el caso de Leopoldo López debe servir para desnudar integralmente la profunda degeneración de la democracia que encarna el régimen de Nicolás Maduro. Y para nosotros, los demócratas, será una prueba de nuestro compromiso con la defensa de nuestros valores universales de respeto y defensa de la libertad y los derechos humanos.//