La sentencia de los tribunales venezolanos contra el líder opositor Leopoldo López es, como dice Felipe González, la última manifestación de una democracia traicionada. Leopoldo Lopez, que llevaba ya 18 meses encarcelado en espera de juicio, fue condenado el 10 de septiembre a más de 13 años de prisión, tras declarársele culpable de instigar las manifestaciones que en 2014 desembocaron en la muerte de 43 personas. La sentencia despierta dudas jurídicas relevantes. Y el proceso penal no parece haber sido garantista. Una acusación no probada y una pena superior a la solicitada por el acusador (fiscal) hacen pensar en una sentencia arbitraria, intencionada políticamente e interesada electoralmente. Si a ello añadimos las numerosas irregularidades y conculcaciones de derechos denunciadas a lo largo de toda la causa contra López, es razonable albergar sospechas sobre el resultado de este juicio.

Este es el último mal síntoma del régimen de Maduro, pero no el único. También el artificioso conflicto en la frontera colombo-venezolana resulta representativo de la misma deriva. Desde finales de agosto, Venezuela ha puesto en marcha un proceso de deportación masiva de ciudadanos colombianos o colombo-venezolanos asentados en las regiones fronterizas –algunos de ellos desde hace 20 años– bajo la acusación de practicar el contrabando y otras actividades ilegales. Varias agencias de Naciones Unidas vienen denunciando la grave situación en la que se encuentran estas personas, que son más de 20.000, según UNICEF: obligadas a abandonar Venezuela dejando atrás sus escasas posesiones, medios de vida e incluso parte de su familia; viendo como sus viviendas son demolidas y su documentación destruida para dificultar su retorno; hacinados al otro lado de la frontera en condiciones cada vez más precarias, dado que Colombia tiene dificultades para cobijar a este creciente grupo de población vulnerable, concentrado en una parte de su territorio de forma repentina. A todo ello se suma el estado de excepción declarado por el Gobierno venezolano en áreas cada vez mayores de la frontera, que no contribuye ni a calmar los ánimos ni a resolver el problema.

En el caso de este conflicto, el gobierno de Maduro está siguiendo una estrategia clásica de los malos gobernantes y las peores dictaduras: buscar un enemigo externo para culparle de los males propios. Se trata de agitar el victimismo nacionalista ante los ojos del pueblo contra el propio pueblo, con la oscura intención de distraer a los venezolanos de los graves problemas que sufren. Tal distracción es cada vez más necesaria para el régimen, puesto que una mirada objetiva sobre la realidad del país obligaría a reconocer el profundo fracaso de la revolución bolivariana: una inflación anual de más de dos dígitos, un desabastecimiento de productos y servicios básicos que genera penuria entre la población, una inseguridad ciudadana que sitúa a Venezuela entre los países más violentos del continente y, por si fuera poco, un clima político cada vez más enrarecido, donde se ahogan las libertades, se persigue a la oposición y los discrepantes encuentran serias dificultades para expresarse.

La pregunta clave es, ¿hay salida? A mi entender, la única posible pasa por una victoria democrática en las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Los sondeos apuntan a que esa victoria es probable, aunque desde luego no es segura. Todos tememos, además, que el oficialismo se resista a aceptar una derrota, y que esa resistencia incluya, en caso necesario, vulnerar las normas democráticas que la propia Venezuela se ha dado a sí misma. La sentencia contra Leopoldo López es una pésima señal porque apunta precisamente en esa dirección, y la negativa del Gobierno de Maduro a aceptar la presencia de observadores internacionales en el proceso electoral ratifica esa impresión. Y sin embargo, la salida a esta situación sólo puede ser democrática y popular. Debe ser el pueblo, votando, el que diga no a este estado de cosas. Debe ser la oposición, ganando limpiamente, la que ofrezca un diálogo constructivo desde una nueva mayoría, para orientar y determinar los últimos años de la presidencia. Y el chavismo debe permitir una competición electoral abierta y plural, respetar las propias leyes y aceptar el resultado electoral. Ese es el camino.//